El lavado de dinero en Panamá está establecido como un delito contra el orden económico y social, por la exposición permanente de las personas y empresas involucradas directa e indirectamente en esta amenaza. Esta situación genera efectos corrosivos en la economía del país como:
· Quiebra de negocios legalmente establecidos
· Reducción del bienestar social
· Distorsión del crecimiento económico
· Afectación de la inflación
· Desestabilización de precios
· Corrupción y violencia
· La descomposición social
· El incremento de los Impuestos para los ciudadanos.
· Disminuye las oportunidades de negocios lícitos a nivel mundial.
· El debilitamiento de la integridad de los mercados financieros
· Competencia desleal
· La pérdida del control de la política económica
· La pérdida de rentas públicas
· Riesgo para la reputación del país.
Todo ello redunda de forma negativa en la reputación de un país, exponiendo a nuestro país al tráfico de drogas, contrabando y otras actividades delictivas.
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